Sentencias

Máxima: FUNDAMENTACION O MOTIVACION DE FALLO/ El Tribunal de alzada, debe sustentar suficientemente el fallo, debe crear certeza y otorgar seguridad jurídica a las partes procesales sobre los planteamientos que éstas aleguen en la tramitación de toda causa penal, labor a la cual, el Juez o Tribunal no puede rehusar, porque el derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, se encuentra en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo criterios jurídicos sobre cada punto impugnado, sin acudir a argumentos generales que dejen sin respuesta a las partes.

Precedente: Auto Supremo 260/2020-RRC de 16 de marzo. Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo.

Máxima: DEBIDO PROCESO/ Es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos

Precedente: Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo. Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio.

Máxima: INEXISTENTE CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO CON EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO/ La transcripción del texto y doctrina citada como precedente contradictorio debe corresponder a la del precedente invocado. Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.

Precedente: Auto Supremo 088/2021-RRC de 16 de marzo. Auto Supremo 12/2012 de 30 de enero. Auto Supremo 197/2019-RRC de 29 de marzo de 2019.

Máxima: EL DEBIDO PROCESO EN SU ELEMENTO DEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES/ El juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico. Para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.

Precedente: Auto Supremo 552/2022-RRC de 07 de junio. Auto Supremo 47/2012-RRC de 23 de marzo.

Máxima: PRECEDENTE CONTRADICTORIO/ La transcripción del texto y doctrina citada como precedente contradictorio debe corresponder a la del precedente invocado. Para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas.

Precedente: Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre. Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006, Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio . Auto Supremo 134/2015-RRC de 27 de febrero. Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio.

Máxima: DEBIDO PROCESO/ Es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos.

Precedente: El Auto Supremo 14/2013-RRC de 6 de febrero ,El Auto Supremo 346/2013 de 12 de agosto . El Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre .El Auto Supremo 152/2013-RRC de 31 de mayo .El Auto Supremo 777/2013 de 23 de diciembre

Máxima: PRINCIPIO DE AUTOTUTELA/ Es la capacidad de la Administración Pública de efectuar la protección de sus intereses sin necesidad de recurrir al Poder Judicial ni al órgano estatal alguno. La Administración está capacitada entonces para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas.

Precedente: Artículo 15 numeral 12 del Reglamento a la Ley de Mercado de Valores Ley Nº 1834. Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 26156 de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores.

Máxima: CÓMPUTO PARA LA PRESCRIPCIÓN/ El cómputo de la Administración Aduanera, para imponer sanciones, será de 4 años, este término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

Precedente: Artículos 59 parágrafo I numeral 4), 60 parágrafo II y 94 de la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano.

Máxima: SANA CRÍTICA DEL JUZGADOR/ Los juzgadores no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba; pues desarrollan su sana crítica al tener amplia libertad en la apreciación y valoración de la prueba, que formen libremente su convencimiento; basándose en los principios científicos, en su experiencia, en las circunstancias relevantes del pleito y en la conducta procesal de las partes.

Precedente: Artículos 3 inciso j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo.

Máxima: PRINCIPIO AL DEBIDO PROCESO/ Es el derecho de toda persona a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos.

Precedente: Artículo 4 del Decreto Supremo N° 21530 incorporado al Decreto Supremo N° 4541.

Máxima: PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE/ Según este principio se deja a la legislación de los Países Miembros de la Comunidad Andina, la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria; ya que, es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Precedente: Sentencia Nº 116 de 30 de octubre de 2018 del Tribunal Supremo de Justicia.

Máxima: DEBIDO PROCESO/ No se considera vulnerado el debido proceso, si el administrado ejerció su derecho a la defensa durante toda la tramitación de la causa, haciendo uso de cada uno de los recursos que la ley le faculta.

Precedente: Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

Máxima: CORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA AUTORIDAD JERÁRQUICA/ Cuando la autoridad jerárquica ajusta sus acciones a lo dispuesto en la norma, motivando con referencia a hechos y fundamentos de derecho el debido proceso no se ve vulnerado.

Precedente: Artículo 178 parágrafo I de la Constitución Política del Estado. Sentencia Constitucional Plurinacional 0281/2010-R de 7 de junio.

Máxima: PRINCIPIO DE TIPICIDAD/ Sólo la ley puede tipificar los ilícitos aduaneros y establecer las respectivas sanciones, lo contrario supone una sanción ilegal.

Precedente: Artículos 115 parágrafo II, 116 parágrafo II, 117 parágrafo I y 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado. Artículo 283 del Decreto Supremo 25870 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Máxima: CÓMPUTO PARA LA PRESCRIPCIÓN/ El cómputo de la Administración Aduanera, para imponer sanciones, será de 4 años, este término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

Precedente: Artículos 59 parágrafo I numeral 4), 60 parágrafo III y 94 de la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano.

Máxima: ANULABILIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO POR NO FUNDAMENTAR LA CONDUCTA ATRIBUIDA/ Un acto administrativo es susceptible de anulación cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Precedente: Artículos 35 parágrafo II y 36 parágrafo IV de la Ley 2341 del Procedimiento Administrativo.

Máxima: PRESCRIPCIÓN POR OMISIÓN DE PAGO/ La facultad de ejecutar la deuda tributaria se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; Así mismo, la facultad para imponer sanciones de la Autoridad Administrativa Tributaria prescribe pasados los 4 años.

Precedente: Artículos 59 numeral 4), 60 y 94 parágrafo II de la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano.