Sentencias

Caso: El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al principio de celeridad y legalidad en mérito a que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio pronunciado por la autoridad demandada que declaró infundado su incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos, no obstante haber provisto los recaudos de ley para cumplir con dicha remisión, la misma no fue efectivizada en el término correspondiente, siendo observada por el tribunal de alzada por requerirse documentación complementaria para su resolución; asimismo, sin resolverse el citado recurso la Jueza demandada pretende desarrollar la audiencia de consideración de medidas cautelares pese a que la imputación formal se encuentra cuestionado, designándole incluso un abogado de oficio, lo que pone en riesgo su libertad ya que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva en su contra.

Ratio: Se resuelve confirmar la Resolución y en consecuencia denegar la tutela solicitada, dado que la sola solicitud de medidas cautelares como la detención preventiva, no constituye vulneración al derecho a la libertad y el imputado no se encuentra en indefensión

Caso: El accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, debido a que la autoridad demandada, pese a que le informó la imposibilidad de su causídico de asistir a la audiencia de juicio oral señalada, disponiendo su abandono malicioso, le impuso una multa, asignándole además un defensor de oficio, al que renunció, al no resultar viable que se le imponga su defensa técnica.

Ratio: Se confirma la resolución y se deniega la tutela solicitada.

Caso: La impetrante de tutela denunció la vulneración del debido proceso y de sus derechos a la libertad de locomoción y a la vida; debido a que, la autoridad Fiscal de Materia demandada: 1) Mantiene vigente un mandamiento de aprehensión emitido en su contra, sin razón alguna; 2) No se pronunció sobre su solicitud de prestar su declaración informativa, realizada mediante memorial presentado el 24 de septiembre de 2021; y, 3) Procedió a imputarla sin ningún fundamento jurídico, probatorio o fáctico, razones que además desencadenaron su deterioro físico y psicológico poniendo en riesgo su vida, sin considerar que es una persona adulta mayor, enferma y analfabeta.

Ratio: Se concede en parte la tutela impetrada, denegando respecto a la supuesta falta de fundamentación en la imputación formal emitida en contra de la accionante, por ser un aspecto no vinculado directamente con la libertad.

Caso: El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, las autoridades demandadas, incurrieron en las siguientes irregularidades: i) La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de La Paz: i.1.) Advirtió que la imputación formal era incongruente entre la relación de hechos que hacía referencia al delito de robo agravado; sin embargo, se imputaba por el delito de violación, situación que observó en audiencia, solicitando dicha autoridad jurisdiccional al Fiscal de Materia que subsane tal extremo; aspecto que no está regulado en la normativa vigente; y, i.2) La Resolución 34/2021 de 3 de febrero, que resolvió rechazar los incidentes que interpuso, fue notificada en dicho actuado procesal negando su notificación formalmente y limitando su derecho a la impugnación; y, ii) La Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, no cumplió con la notificación correcta de la Resolución 34/2021 de 3 de febrero.

Ratio: Denegó la tutela; ingresando al fondo de la problemática toda vez que existe una vinculación indirecta con el derecho a la libertad además de considerar el deber del Estado a través de los órganos de poder que el acceso a la justicia y el debido proceso se consolide materialmente cuando se trate de procesos menores de edad, aunque estos se encuentren en conflictos con la ley; advirtiéndose la no existencia de vulneración de derechos al debido proceso y al principio de seguridad jurídica, que quebranta el derecho al juez imparcial.