Sentencias

Caso: El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a los principios de dirección judicial del proceso, a la seguridad jurídica, legalidad y celeridad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, pidió en reiteradas veces al Juez demandado, disponga audiencia de cesación de su detención preventiva, señalándolo en varias ocasiones fuera del plazo previsto en el art. 239 del CPP, siendo que el 18 de junio de 2019 ya se cumplió los seis meses del plazo de la etapa preparatoria, agravando de esa manera su situación jurídica al no haberse llevado adelante ninguna de las audiencias programadas contando la autoridad demandada con la competencia para llevar adelante dichas solicitudes, pese a que el Ministerio Público ya habría presentado acusación formal.

Caso: El accionante alega como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos a una resolución motivada por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, cumplimiento objetivo de la norma -principio de seguridad jurídica-; y, a la dignidad humana, aduciendo que en el proceso de privilegio constitucional seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado y otros, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 006/2016, declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción del delito de contratos lesivos al Estado, que fue confirmada por Auto Supremo 931/2016, dictado por la Sala Civil del referido Tribunal, este último fue dejado sin efecto, a través de una acción de amparo constitucional que mereció la SCP 0704/2017-S3, que concedió la tutela únicamente respecto a la falta de congruencia externa, entre lo recurrido por el impetrante de tutela y lo resuelto por las autoridades demandadas, disponiendo que se emita otro fallo respondiendo a todos los agravios recurridos. Los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados en cumplimiento a la SCP 0704/2017-S3, emitieron el Auto Supremo 02/2018, que declaró improcedente el recurso de apelación formulado por Raúl España Smith; en ese sentido, el accionante refiere que se realizó una errónea interpretación y aplicación de los arts. 112 y 123 de la CPE, alejados de los cánones y parámetros establecidos por la Norma Suprema y bloque de constitucionalidad para justificar el derecho de persecución penal del Estado sin limitación alguna.

Caso: La parte accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, a la defensa, a la propiedad privada, al trabajo y a la actividad empresarial; toda vez que, pese a haberse adjudicado por licitación pública nacional, la Adquisición de la Planta de Asfalto y Equipo Complementario para el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo y entregado el mismo dentro del plazo estipulado en el contrato, le notificaron con Carta Notariada 32/2019 de 7 de marzo, la Carta CITE.EXT. ARMG 195/2019 de 28 de febrero, de intención de resolución de contrato, contra la que interpuso recurso de revocatoria que no fue resuelto; sin embargo, el 23 de abril del señalado año, le notificaron con Carta Notariada 58/2019, el CITE.EXT. ARMG 414/2019 de igual fecha, comunicándole la resolución del contrato y la ejecución de las boletas de garantía de cumplimiento de contrato y buen funcionamiento de la maquinaria

Caso: El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la petición, considerando que el ahora demandado, no dio respuesta positiva ni negativa a las notas presentadas en las que se pidió que por la instancia correspondiente se remita el plano aprobado del área de equipamiento de la Unidad Educativa “Cristo Salvador”, al Ejecutivo Municipal para que se proceda con el registro en las oficinas de DD.RR.

Caso: El accionante, a través de su representante sin mandato, considera lesionados sus derechos a la libertad al debido proceso en su vertiente de fundamentación, y a los principios de seguridad jurídica, legalidad y pro actione vinculado con el principio de favorabilidad, en razón a que la Jueza demandada de oficio y de manera ilegal, dejó sin efecto el proveído de 3 de mayo de 2019 por el cual se tenía por purgada su rebeldía y levantadas las medidas dispuestas al efecto, manteniendo vigente la Resolución 07/2019 (de declaratoria de rebeldía) con todos sus efectos; misma que adquirió calidad de cosa juzgada al no ser objeto de impugnación; determinación que la sustentó en el art. 168 del CPP, alegando que existió un error debido a que dispuso la continuidad del juicio oral, público y contradictorio, cuando aún no dictó el Auto de apertura, y paralelamente suspendió la audiencia de revocatoria de medidas cautelares señalando nueva fecha, sin tener facultad para emitir disposiciones; toda vez que el acto había concluido y no existía quorum por estar ausentes las Juezas convocadas.

Caso: La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y a una pronta respuesta, toda vez que por memoriales de 3, 19 y 26 de abril de 2019, habiendo sido reconocida judicialmente su unión libre o de hecho con su fallecido esposo Víctor Alberto Monasterio Martins, quien era militar jubilado, solicitó el pago de haberes y otros beneficios en su condición de viuda del citado, sin que hasta la fecha, haya obtenido una respuesta formal por parte de la autoridad demandada.