Sentencias

Caso: El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso, vinculado con los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de imparcialidad, de congruencia, de pertinencia y de objetividad, por cuanto, no obstante que en el proceso de medida preparatoria seguido por Abel Jaime Vargas Cueto contra Margarita Arispe Rodríguez y su persona, no fue quien negó sobre la firma asentada en los documentos de préstamo de dinero; empero, las autoridades fiscales demandadas emitieron el requerimiento de admisión de la denuncia también en su contra, por la presunta comisión del delito de falso testimonio, informando al Juez de control jurisdiccional sobre el inicio de la investigación, realizando a la vez otros actuados en los que se le incluyó como denunciado o investigado, desconociendo inclusive que la querella presentada por Abel Jaime Vargas Cueto solo fue contra Margarita Arispe Rodríguez; aspectos que tampoco fueron controlados de oficio por la autoridad judicial ahora demandada permitiendo con ello un indebido procesamiento penal en su contra.

Caso: El accionante alega la lesión de sus derechos al acceso a una justicia pronta y oportuna y al debido proceso; toda vez que, habiéndose dispuesto a su favor medidas sustitutivas a la detención preventiva, el 11 de abril de 2019 pretendió presentar memorial con documentación que acreditaba la solvencia de uno de sus garantes personales, el cual la Jueza demandada se negó a recibir, con la excusa que no cuenta con personal de apoyo jurisdiccional y que además tenía mucha carga laboral.

Caso: El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y dignidad personal, puesto que las autoridades demandadas -a su turno-, dentro del proceso penal por falsedad material y uso de instrumento falsificado que se le sigue, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental en audiencia -conforme prevé el art. 251 del CPP- contra el Auto Interlocutorio 107/2019 de 27 de mayo, sin considerar que se encuentra privado de libertad ni observar el principio de celeridad que debe imprimirse en la remisión de dicho recurso al Tribunal de alzada, no realizaron las diligencias necesarias para la resolución de su impugnación, por cuanto no remitieron los actuados procesales en su integridad a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se radicó el legajo procesal ni se fijó audiencia para su consideración, provocando con su actuar dilaciones indebidas que inciden en su derecho a la libertad, impidiendo su efectivización y olvidando que toda decisión judicial vinculada a dicho derecho, debe ser tramitada y resuelta con la mayor prontitud.

Caso: La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a un hábitat y vivienda adecuada, y al acceso a los servicios básicos entre ellos al agua potable, electricidad y gas domiciliario, por cuanto la propietaria demandada, con el propósito de desocuparla del departamento que le dio en alquiler, procedió al corte de los servicios mencionados.

Caso: El impetrante de tutela considera que los Vocales, ahora demandados, lesionaron sus derechos al debido proceso en su elemento de debida motivación de las resoluciones y a la libertad, ya que, al encontrarse privado de su libertad solicitó cesación de la detención preventiva, petitorio que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2019, emitido por la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Padcaya del departamento de Tarija; motivo por el cual, interpuso recurso de apelación que resuelto por la Sala Penal Primera de dicho departamento, a través del Auto de Vista 52/2019 de 21 de marzo, sin un debida motivación, pues se limitó a repetir los argumentos de la Jueza a quo sin expresar un pronunciamiento valorativo y propio respecto a la prueba documental presentada para desvirtuar el riesgo de obstaculización contenido en el numeral 2 del art. 235 del CPP, basaron su determinación en un criterio subjetivo, inobservando de ésta manera lo dispuesto en la SCP 0795/2014 de 25 de abril, relativa a la prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones.