Sentencias

Caso: El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso en su elemento motivación; y principio de presunción de inocencia; por cuanto, los Vocales ahora demandados, mediante el Auto de Vista 412/2019 de 14 de octubre, si bien revocaron su detención preventiva, le aplicaron en su lugar medidas innecesarias, como la detención domiciliaria, arraigo y presentación ante el Ministerio Público una vez por semana –entre otras–, habiendo asumido esa aplicación de medidas sustitutivas con base a las siguientes ilegalidades: i) A pesar de desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; ii) Sin considerar que la probabilidad de autoría establecida en el art. 233.1 de dicho cuerpo normativo, fue desacreditada, como efecto de la nulidad de la acusación formal, dispuesta por el Tribunal a quo; iii) Sin resolver debidamente la condición de cesación de la medida, por cumplimiento de la pena mínima del delito investigado; iv) Solo le otorgaron cinco días para que concluya el trámite de arraigo, siendo un plazo imprudente, de imposible cumplimiento, porque dicho trámite demora diez días; y, v) Al ser estudiante universitario, se le está privando de continuar con sus estudios.

Ratio: Concede la tutela, ingresa al análisis de fondo aplicando el estándar más alto, toda vez que el accionante agotó los medios de impugnación intra procesales que autoriza su ingreso mediante acción de libertad; concediendo por motivo de falta de motivación, y presunción de inocencia, siendo que los accionados a momento de emitir resolución al recurso de apelación que revocó la detención preventiva determinando medidas sustitutivas, impusieron medidas gravosas que ya fueron desvirtuadas, no otorga la libertad pura y simple por motivo de que la misma es competencia del tribunal de apelación.

Caso: La parte accionante denuncia que se encuentra ilegalmente detenido, debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, al habérsele impuesto medidas cautelares menos gravosas, como el arraigo, acudió a la Administración Departamental de Migración de Santa Cruz a efecto que se efectúe el registro y se extienda la certificación correspondiente; no obstante, debido al trámite burocrático que se impone (una semana para el registro de arraigo, y posteriormente realizar otro trámite para la certificación) no pudo obtener su libertad, cuando el “director de migración” debió ordenar de forma inmediata su arraigo.

Ratio: Deniega la tutela, ingresa al análisis de fondo aplicando el estándar más alto, toda vez que las dilaciones indebidas en el trámite de arraigo mantienen vinculación indirecta con su derecho a la libertad no existiendo medios recursivos pendientes; en ese sentido considera que la administración de migración no actuó indebidamente a momento de informar el plazo para la entrega del certificado de registro de arraigo (que permitiría el trámite del mandamiento de libertad), siendo que se encuentra consignado en su manual de procedimiento.