Sentencias

Caso: La accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo concluido el proceso penal en el que fue beneficiada con la suspensión condicional de la pena, a la fecha se mantienen subsistentes las medidas cautelares de carácter personal, pese a las reiteradas solicitudes de cancelación impetradas ante el Tribunal de Sentencia Penal; por lo que, solicita se conceda la tutela y se ordene a los miembros del Tribunal demandado, que en el término de setenta y dos horas resuelvan lo solicitado, cancelando las medidas cautelares impuestas en el Auto de cesación a la detención preventiva.

Caso: El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad social y al debido proceso; toda vez que, después de trabajar en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, desde el año 2012 y estando sujeto a la Ley General del Trabajo, fue desvinculado por Memorándum DTH-JCTCH/SUM/00383/18, merced a un proceso sumario administrativo, en el cual no se valoró la prueba ni se dio curso a su solicitud de prescripción; desvinculación laboral injustificada que comunicó a la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, que determinó que debe remitirse a la judicatura laboral ante la existencia de hechos controvertidos; a pesar que se encuentra de su esposa con ceguera.

Caso: El accionante denunció la lesión de sus derechos políticos, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de las partes, a la presunción de inocencia y a la “seguridad jurídica”, señalando que: 1) Por RA 009/2018, se dispuso la restructuración del Consejo de Administración, apartándolo del cargo de Presidente, sin previo proceso, habiéndose omitido su notificación con dicha decisión; 2) El Consejo de Administración ilegalmente conformado, convocó a una Asamblea General Ordinaria, en la cual, modificando el orden del día, consideró un informe sobre su inasistencia, procediendo a su expulsión como miembro del Consejo de Administración, emitiéndose para el efecto el Acta 038/2018, que fue remitida a la AFCOOP; 3) La AFCOOP a través de su Director General Ejecutivo, emitió la RA 0462/2018, por la que aprobó la reestructuración temporal de la COOPLAN Ltda., por noventa días calendario, desconociendo la elección de autoridades y sin resolver su recurso de revocatoria hasta el vencimiento del plazo establecido para el efecto, dictando la RA 939/2018, por el que amplió el plazo temporal por otros noventa días más, ratificando a los Consejeros designados por restructuración; y, 4) Interpuesto el recurso jerárquico, se emitió la RM 1004/18, por la que el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó totalmente la RA 761/2018 y consecuentemente la RA 0462/2018, validando con ello las irregularidades cometidas.

Caso: El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración integral y razonable de los medios probatorios, además de los principios de favorabilidad, pro actione, pro persona y verdad material alegando que su pedido de cesación de la detención preventiva que cumple dentro del proceso penal seguido en su contra fue rechazado tanto por los Jueces Técnicos codemandados como por los Vocales demandados en alzada, autoridades que dictaron a su turno decisiones carentes de fundamentación, motivación y congruencia, actuando el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba con excesiva rigurosidad respecto a la documentación que presentó para acreditar el elemento trabajo (art. 234.1 del CPP), exigiendo estados financieros de la empresa y pago de impuestos para comprobar si el contrato de trabajo a futuro es real; y, refiriendo en cuanto al peligro de obstaculización (art. 235.2 del CPP), sin ningún elemento objetivo que podía ejercer algún tipo de influencia en la víctima; aspectos que no fueron subsanados en apelación cuyo Tribunal declaró improcedente su recurso indicando que no identificó qué reglas de la sana crítica fueron quebrantadas y por qué la minoridad de la víctima como persistencia del peligro referido sería contraria a la sana crítica, cuando expresó de manera debida los agravios que consideró ceñidos a que una irrazonable valoración de la prueba (trabajo) y a las meras presunciones y conjeturas en las que se sustentó el probable riesgo de obstaculización.