Máxima: RENTA DE VEJEZ EN MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS/ La fracción complementaria a cargo del Tesoro General de la Nación, está destinada a financiar el monto que corresponda para alcanzar una prestación de vejez equivalente al cien por ciento del salario base del asegurado miembro de las Fuerzas Armadas de la Nación, que cuente con al menos treinta y cinco años de servicio discontinuo.

Precedente: Artículo 1 del Decreto Supremo 25620 Sentencia Constitucional Plurinacional 1437/2014 de 07 de julio

TSJSala Social Primera17 nov 2022

SE/0250/2022

Demandante: La Naranja Catering SRL

Demandado: Autoridad General de Impugnación Tributaria

TSJSala Civil17 nov 2022

AS/0897/2022

Demandante: Efraín López Laura y Ana Lia Villarroel Quispaya

Demandado: Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

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SE/0276-1/2022

Demandante: Empresa Nacional de Electricidad “ENDE”

Demandado: Empresa MARIENCO SRL.

Máxima: RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL SUJETO PRIVADO/ En materia contenciosa, opera la resolución de contrato, cuando la contraparte contractual constituida en el sujeto privado, incumple por voluntad sus obligaciones asumidas.

Precedente: Artículo 108 de la Constitución Política del estado Artículo 30 de la Ley del Órgano Judicial Artículo 47 de la Ley 1178

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SE/0270/2022

Demandante: Gerencia Regional Santa Cruz-Aduana Nacional

Demandado: Autoridad General de Impugnación Tributaria

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SE/0265/2022

Demandante: Country Club Cochabamba

Demandado: Autoridad General de Impugnación Tributaria

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SE/0264/2022

Demandante: YPFB ANDINA SA

Demandado: Ministerio de Hidrocarburos y Energías

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SE/0257/2022

Demandante: Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Demandado: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

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AS/0901/2022

Demandante: Jhonny Carballo Ledezma

Demandado: Elia Fanny Basualdo Huanca

Máxima: NULIDAD PROCESAL/ Consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso y a la impugnación.

Precedente: Auto Supremo N° 47/2022 de 31 de enero.

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