Sentencias

Caso: La entidad impetrante de tutela considera vulnerados su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, toda vez que a tiempo de emitir el AS 40/2019 de 7 de febrero los Magistrados accionados: i) No explicaron por qué no correspondería el cobro a la empresa demandante por las multas incurridas de su parte; ii) omitieron pronunciarse respecto a que en el Contrato Modificatorio 2 no se determinó la anulación del ítem 64, denotándose a partir de ello en el incumplimiento de éste; iii) Faltaron de explicación al motivo por el cual otorgaron valor a los informes que favorecían a la empresa demandante y no a los que inviabilizaban el pago de la obligación; iv) Con relación a la cláusula trigésima octava no fundamentaron el por qué fue dejada sin efecto, el asumir el acta de recepción de obra como un acta de entrega definitiva, mucho menos si el procedimiento establecido en el DS 27328 en lo que respecta la conformación previa por parte de la MAE de una comisión de recepción fue suprimida; y, v) Habiéndose recomendado por parte el Tribunal a quo recurrir a la vía coactiva fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia no se refirió sobre esta imposibilidad material.

Caso: Los peticionantes de tutela, a través de su representante sin mandato, alegan la lesión del debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación vinculado a su libertad y el principio de presunción de inocencia; puesto que, los Vocales accionados confirmaron la Resolución de la Jueza de Instrucción Penal Primero del departamento de Oruro, que dispuso su detención preventiva pese a que, según dispone el art. 232.5 de la Ley 1226 que modifica la Ley 1173, resulta improcedente la medida de ultima ratio cuando se trata de delitos cuya pena máxima es inferior o igual a cuatro años; sin embargo, sin ninguna motivación ni respaldo legal, asumieron que al haberse imputado delitos en concurso real existiría la probabilidad de que la sanción penal sea superior, criterio que corresponde ser valorado y determinado para la emisión de sentencia y no en la aplicación de medidas cautelares.

Caso: El accionante denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa y al principio de seguridad jurídica; por cuanto, los Magistrados accionados no consideraron que al haberse establecido la extinción de la acción y el archivo de obrados, el proceso no debió continuar sustanciándose; por lo que, al haber pronunciado el Juez a quo el Auto de 24 de febrero de 2017 -que determinó la ejecución de la Sentencia- el mismo efectuó una arbitraria interpretación y aplicación del art. 400.I del CPC atinente a sentencias con autoridad de cosa juzgada, siendo emitido además sin competencia al haber dispuesto la extinción de la acción; en ese entendido, las señaladas autoridades al declarar infundado su recurso de casación dictaron un fallo incongruente y carente de fundamentación y motivación al sostener que la inactividad decretada por el Juez de la causa fue únicamente para el incidente de nulidad y no para todo el proceso, siendo falso que su persona haya convalidado los vicios procesales cuando recurrió todas las resoluciones emitidas en el proceso.