Sentencias

Caso: El accionante denunció como lesionado sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la igualdad y a un proceso justo; toda vez que, los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista de 5 de septiembre de 2017, argumentando que el AS 405 de 15 de octubre de 2002, citado como precedente contradictorio y al ser emitido en la indicada fecha no cumpliría con las especificaciones contenidas en los arts. 416, 417 y 420 del CPP, extremo que resulta inadmisible por cuanto el referido Auto Supremo fue presentado como precedente contradictorio en un anterior recurso de casación interpuesto dentro del mismo proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de despojo, oportunidad en la que las entonces Magistradas de la referida Sala Penal declararon admisible ese recurso y dispusieron el reenvió del proceso penal a objeto de que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia emita nuevo Auto de Vista, no pudiéndose entender que en una misma Sala y en idéntico proceso se tenga determinaciones contradictorias y diferentes.

Caso: La accionante alega que las autoridades judiciales demandadas, vulneraron sus derechos al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación y a la petición; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estelionato y uso de instrumento falsificado, no recibió respuesta lógica ni razonada, únicamente simples providencias, respecto a la excepciones planteadas de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y de prescripción con relación al delito de uso de instrumento falsificado, como a los recursos de reposición que planteó, contra los proveídos de que “esté a la ley 586”.

Caso: La empresa accionante, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación, acceso a la justicia y “a la seguridad jurídica”, señalando que las autoridades demandadas a momento de resolver el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 137/2015/SSA-I de 21 de septiembre, a través del cual, se confirmó en su integridad la Sentencia 16/2014 de 30 de julio, que declaró improbada la demanda contenciosa tributaria planteada contra la RD 036/2011 de 20 de enero, emitieron una decisión carente de fundamentación, motivación y congruencia al no explicar las razones que avalaron declarar infundado el recurso de casación, realizando solo un mero cotejo de datos como si se tratara de un informe, cuando debieron pronunciarse sobre los cuestionamientos realizados a la injusta decisión asumida por la Resolución de apelación.

Caso: La peticionante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva vinculado al principio de seguridad jurídica, así como el principio de verdad material alegando que: 1) Desde el inicio del proceso penal seguido en su contra, se suscitaron varios hechos ilegales así como omisiones indebidas, pues se realizaron actos investigativos sin dirección funcional, así como también sin control jurisdiccional; existió “falsedad ideológica” del certificado médico forense que evaluó a la víctima; se realizó un acta de registro del lugar y secuestro con fecha indeterminada y sin intervención del Fiscal de Materia ni control jurisdiccional; asimismo, la imputación en su contra refleja las mencionadas actuaciones; su declaración informativa fue tomada bajo presión y amedrentamiento sin previa citación, sin que el acta correspondiente cuente con la firma del Fiscal de Materia ni del abogado de oficio que se le impuso; existió falta de notificación con la conminatoria de 26 de marzo de 2018 para la presentación de incidentes y excepciones; así como otras irregularidades que motivaron presente varios incidentes de actividad procesal defectuosa y una recusación denunciando estos hechos ante la Jueza demandada, siendo los mismos rechazados in limine , emitiendo sus Resoluciones imponiendo multas a su abogado bajo apercibimiento de impedir que intervenga en su defensa o en otras causas que radiquen en su Juzgado, demostrando su parcialización con el demandante e incluso imponiéndole una abogada que no era de su confianza quien intervino en una audiencia de resolución de incidente en estado de ebriedad, siendo obligada a retirar el mismo; asimismo, las Resoluciones de rechazo in limine de sus planteamientos le impidieron impugnar los mismos; y, 2) Pese a la existencia de los referidos incidentes, de manera ilegal se señaló audiencia de medias cautelares, dejándola en indefensión absoluta, siendo declarada rebelde dictándose y ejecutándose un mandamiento de aprehensión de forma indebida, nombrándole una abogada defensora que desconoce los principios básicos del procedimiento penal y con experiencia de apenas dos meses, quien se negó a su solicitud de apartamiento de su patrocinio, produciéndose su detención preventiva a raíz de todos los citados actos ilegales atribuyéndosele todos los riesgos procesales previstos por los arts. 234 y 235 del CPP sin fundamentar los numerales del art. 233 del citado Código.

Caso: El accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la inamovilidad laboral, señalando que el Director Técnico a.i. del SEDECA Tarija, lesionó sus aludidos derechos al haber concluido la relación laboral de manera unilateral mediante comunicado de 27 de septiembre de 2018, sin considerar que desempeñó funciones desde el año 2008 mediante diversos tipos de contratos de trabajo y que producto de un accidente laboral en ese mismo año, tiene una discapacidad auditiva del 42%; asimismo, no dio cumplimiento a la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT- 017/2018, emitida a su favor por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija.