Sentencias

Caso: El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de legalidad o aplicación objetiva de la norma adjetiva, fundamentación y “seguridad 7 jurídica”; puesto que el Fiscal de Materia ahora accionado emitió la Resolución Fundamentada de Imputación Formal de 9 de octubre de 2020 en su contra por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, con base en un informe de investigación preliminar del funcionario policial asignado al caso que a la fecha de su emisión ya no estaba a cargo de la investigación, pues el mismo se encontraba en cuarentena en su domicilio por la pandemia del COVID-19; por lo que no pudo realizar actos investigativos, consecuentemente dicha Resolución contiene defectos absolutos.

Caso: El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso y a la legalidad; así como los principios de seguridad jurídica y celeridad; puesto que, pese a haberse librado mandamiento de libertad a su favor para cumplir detención domiciliaria, los demandados de forma arbitraria e injustificada no cumplieron con liberarlo, argumentando que ningún funcionario policial puede trasladarlo del Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, sino con instrucción del Comando Regional de Quillacollo de la Policía Boliviana, encontrándose detenido de manera indebida e ilegal y sin razón alguna, desconociendo el principio de celeridad que rige en la liberación de un privado de libertad.

Caso: El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, interpone acción de libertad en su modalidad de pronto despacho denunciando la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; debido a que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otro, por la presunta comisión del delito de violación, donde se dispuso su detención preventiva, por Certificado Médico Forense se estableció que la víctima presentaba desgarro himeneal de data antigua, por ello para determinar o descartar si existió el presunto hecho delictivo, se recomendó la realización de pruebas de genética forense y biología forense en el IDIF; sin embargo, la Fiscal de Materia del departamento de Oruro -hoy accionada-, como directora funcional de la investigación, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no remitió las muestras biológicas obtenidas ante el mencionado Instituto de Investigaciones Forenses, ocasionando una dilación cerca de seis meses, sin tomar en cuenta que dichos elementos probatorios serán vitales para recobrar su libertad y para el propio curso del proceso penal que se le sigue; posteriormente en audiencia de esta acción de defensa, el accionante refirió que tomando en cuenta que al presente ya se habría cumplido con la remisión de las muestras biológicas ante el IDIF, modificaba su acción de pronto despacho a innovativa, para que en el futuro no se repita dicha conducta.