Sentencias

Caso: La accionante denuncia como lesionados los principios de celeridad y el debido proceso y sus derechos a la vida y a la salud; en virtud a que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de asesinato y concluido mediante sentencia ejecutoriada, solicitó en reiteradas oportunidades al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a partir del 1 de agosto de 2019, la aplicación del beneficio de la detención domiciliaria para el cumplimiento de su condena, cuya razón principal es padecer cáncer de cuello uterino en estado terminal; empero, la autoridad jurisdiccional demandada, hasta la fecha de audiencia de consideración de la presente acción de libertad -20 de enero de 2020-, no señaló ni celebró la misma, lo que le impide realizar consultas y tratamientos médicos.

Caso: El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, debido proceso, defensa, trabajo, juez imparcial y dignidad; argumentando que fue detenido por funcionarios policiales, en virtud a un mandamiento de apremio librado por la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Segunda Centro-Integrado del Distrito 2 de El Alto del departamento de La Paz, sin el respectivo control del caso, en un proceso plagado de irregularidades respecto a las notificaciones, ignorando por completo la homologación así como su ejecutoria a través de la liquidación de planillas, situación que no le permitió llevar adelante una adecuada defensa o cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad competente, provocando un procesamiento indebido. Por otro lado, aduce que su detención es injusta porque sí cumplió con el compromiso firmado a través del envío de remesas desde la República Federativa de Brasil.

Caso: El accionante denunció la lesión a su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, toda vez que, la autoridad demandada, apartó de su proceso a su abogado patrocinador, impidiéndole contar con un abogado de confianza que le acompañe a las audiencias del juicio oral e imponiéndole un abogado del SENADEP, sin que esa situación fuera consentida por el impetrante de tutela.