Sentencias

Caso: Los peticionantes de tutela, a través de su representante sin mandato, alegan la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, debido a que: 1) En virtud a una denuncia presentada en su contra, se suscitó una investigación con actuaciones que no mencionan mínimamente los principios básicos que acrediten su posible autoría, debido a que tanto la denuncia presentada y la imputación formal no responden a las siguientes interrogantes “qué se hizo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo y cómo lo hizo” (sic); por lo que, no se tiene un hecho establecido que demuestre su participación activa en el hecho endilgado; 2) Lo extrañado, lesiona sus derechos fundamentales, pues ante esa ausencia de certeza, el Ministerio Público mediante el investigador asignando al caso, cometió irregularidades como su ilegal aprehensión tras un allanamiento, sin darles los medios y el tiempo adecuado para a sumir su defensa, porque fueron aprehendidos y citados en el mismo día, y lo más grave, no hubo control jurisdiccional de las investigaciones que permita establecer la existencia de un proceso en su contra, además no había flagrancia, porque del allanamiento del centro nocturno “La Mansión” se evidenció que el mismo está legalmente constituido, no se halló menores de edad, violencia o intimidación, lo que determina un accionar arbitrario, abusivo y excesivo de los accionados, por lo que no se cumplió el presupuesto previsto en el art. 233.1 del CPP; y, 3) Respecto al delito de violencia sexual comercial previsto por el art. 322 del CP, al no haberse demostrado la concurrencia de los elementos constitutivos de ese tipo penal, concurre error de tipo previsto por el art. 16 del citado Código.

Caso: El peticionante de tutela, considera lesionados sus derechos a la vida, a la integridad y a la libertad, debido a que es amenazado verbalmente incluso de muerte si no abandona el inmueble en el que vive, propiedad donde los “avasalladores” se encuentran ocupando la planta baja, llegando a arrojarle ratas muertas, infligirle golpes en su cuerpo con fierros, habiéndolo encerrado durante toda una noche privándole de su libertad, todo ello sin considerar que es una persona de la tercera edad; además de asumir, medidas de hecho con el corte de luz, agua y clausura del baño, sin tomar en cuenta que la dueña de la casa le otorgó el uso y goce de la vivienda del segundo piso.

Caso: El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad y -conforme amplió en audiencia- al debido proceso en su elemento de la celeridad, debido a que dentro el proceso penal seguido por Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, en el que al presente cuenta con sentencia condenatoria no ejecutoriada, el “9” de septiembre de 2019, se emitieron requerimientos fiscales para que los ahora accionados emitan certificado médico forense e informe psicológico, respectivamente, en su favor, documentales que necesita para su audiencia de aplicación de medidas cautelares; no obstante, los prenombrados hasta el momento de presentación de esta acción tutelar, no cumplieron con lo requerido, incurriendo en una demora injustificable, pese a que incluso su persona pertenece a un grupo vulnerable.

Caso: El accionante, considera lesionados sus derechos a la libertad, a la vida, a la impugnación y al acceso a la justicia; así como, al principio de celeridad; toda vez que, no obstante haber interpuesto por memorial de 18 de abril de 2019, recurso de apelación incidental contra el Auto de 16 del citado mes y año, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, el mismo no fue remitido ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, incumpliéndose el plazo previsto en el art. 251 del CPP de manera sobreabundante.