Sentencias

Caso: El accionante, por medio de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento de la debida fundamentación y coherencia de las resoluciones fiscales, a la presunción de inocencia, como la errónea valoración de la prueba, en mérito a que dentro del proceso penal que se sigue en contra suya y de Serapio Aduviri, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, los Fiscales de Materia emitieron Resolución determinando el sobreseimiento de ambos; sin embargo, ante la impugnación realizada por el denunciante, la Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal, revocó en parte la Resolución impugnada, determinando sin una debida fundamentación, que la Fiscal de Materia presente acusación en contra de ambos imputados, en su caso particular por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, porque esta autoridad utilizó sus propias declaraciones así como la prueba documental presentada por su parte en su contra, cuando el art. 121 de la CPE, establece que nadie puede declarar en contra de sí mismo, por otra parte, la Fiscal demandada determinó la autoría del delito, cuando tal extremo solamente puede ser determinado por el Tribunal de Sentencia, violentando además el principio de legalidad al invadir competencias que no le corresponde. Finalmente sostiene que la acusación por la presunta comisión de un delito de orden público seguramente se determinará que se demande la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, con el riesgo de que se pueda restringir su derecho a la libertad.

Caso: El accionante a través de su representante sin mandato, alega como vulnerado su derecho a la libertad; toda vez que, la Jueza demandada suspendió la audiencia de consideración de control jurisdiccional que fue dispuesta por el Tribunal de alzada para el 20 de diciembre de 2019, a objeto de considerar el plazo de su detención preventiva; no obstante, señaló nueva fecha para el 31 de diciembre de igual año, fuera del término establecido por ley, lo que constituye que su detención se torne indebida y considerando que la audiencia de cesación a la detención preventiva fue dispuesta para el “11 de noviembre”, “hasta la fecha” de interposición de la presente acción tutelar –27 de diciembre de 2019–, aún no se encontraba labrada el acta de audiencia a objeto promover su libertad, situándolo en completa indefensión jurídica y sin posibilidad de asumir defensa material y técnica, pues no cuenta con los elementos necesarios para establecer su inocencia; por otro lado, la Fiscal de Materia codemandada, al haber solicitado ampliación de plazo no emitió resolución conclusiva, manteniéndolo privado de su libertad, fuera de los parámetros establecidos en la Ley 1173, actitud recurrente, pues tampoco realizó actos investigativos que demuestren la verdad histórica de los hechos, aspecto que también le causa indefensión.