Sentencias

Caso: El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la autoridad demandada, no ha emitido pronunciamiento alguno respecto a su solicitud de modificación de medidas cautelares presentada, habiendo transcurrido más de las cuarenta y ocho horas previstas en la Ley 1173.

Caso: El peticionante de tutela manifiesta la vulneración de sus derechos a la libertad; a la salud y a la vida; toda vez que, tras cumplir un porcentaje de su condena, inició trámite de redención ante el “Juez de Ejecución Penal” a fin de beneficiarse con libertad condicional; no obstante, hasta la interposición de la presente acción de libertad, la autoridad ahora demandada no remitió la carpeta necesaria para la consideración de dicha petición ante la autoridad jurisdiccional, encontrándose en consecuencia ilegalmente detenido; y, corriendo riesgo su salud y vida debido a la pandemia del Covid-19.

Caso: El accionante denuncia como lesionado su derecho a la libertad; toda vez que, habiéndose dispuesto por parte del Juez demandado, su cesación a la detención preventiva; y en consecuencia, la imposición de medidas sustitutivas, ordenando para tal efecto oficiar y labrar los escritos pertinentes ante el Comandante Departamental de la Policía de La Paz, Dirección General de Migración y Ministerio Público; sin embargo, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, no le entregó los oficios correspondientes para realizar las diligencias ordenadas ante las señaladas instituciones; también rechazó a sus garantes.

Caso: Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, destrucción o deterioro de bienes del estado y riqueza nacional y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, el impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en vinculación con su derecho a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y a la presunción de inocencia; toda vez que, la Jueza demandada, no firmó de manera física la Sentencia dictada el 11 de julio de 2020 en procedimiento abreviado, no derivó dicho fallo a Secretaría del Juzgado a su cargo para que el Oficial de Diligencias proceda con la notificación respectiva; y, omitió pronunciarse sobre sus reiteradas solicitudes de “suspensión condicional de la pena” (sic), condicionando para ello que la Sentencia se encuentre ejecutoriada, lo que determinó que se encuentre, desde la indicada fecha, con detención preventiva en el Centro de Readaptación Productivo de Montero de Santa Cruz.

Caso: El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, a la libertad, así como los principios de seguridad jurídica y de legalidad; toda vez que, habiéndose emitido la Resolución Amnistía 0036/2020 en su favor, que al ser recepcionada la misma el 15 de julio de 2020, por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, para su respectiva homologación; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar –5 de agosto del citado año– la autoridad ahora demandada, no se pronunció al respecto; por lo que, alega estar indebidamente detenido.

Caso: El accionante mediante su representante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la defensa y celeridad; bajo el argumento que: 1) El representante del Ministerio Público no dio respuesta a su solicitud de reasignación de un investigador policial y de remisión de la Resolución de Rechazo 32/2020 a la Gestora de la referida institución para su notificación; y, 2) Respecto al accionar del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, alegó que dicha autoridad no respondió a su solicitud de control jurisdiccional. Asimismo, denunció que la precitada Resolución, no fue remitida al Fiscal Departamental de La Paz para la respectiva revisión.